Mucho se ha dicho y escrito desde que se conoció la tardía noticia de que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, decidió imputar a los cabecillas de las Farc por el delito de “toma de rehenes” que, en buen romance, es el secuestro extorsivo de particulares y miembros de la Fuerza Pública.
Durante décadas, Colombia fue el país del hemisferio occidental con mayor número de personas secuestradas. Y de todos los grupos armados organizados al margen de la ley que delinquían en nuestro territorio, las Farc eran los responsables de la mayoría de casos.
Aún permanecen en nuestra mente las dolorosas imágenes de los campos de concentración erigidos en la profundidad de las selvas, donde fueron confinados en condiciones infrahumanas centenares de secuestrados a manos de las Farc.
Muchas de las víctimas fueron encadenadas y otras más fusiladas, como efectivamente sucedió con 11 de los 12 diputados del Valle, o con el exgobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, su asesor de paz el exministro Gilberto Echeverri y 8 integrantes de la Fuerza Pública que se encontraban con ellos cuando los terroristas abrieron fuego contra ellos.
Los secuestros ordenados y ejecutados por las Farc no fueron hechos aislados, ni mucho menos. Se trata de un delito cometido de forma sistemática y generalizada, que no respetó edades, género ni condiciones socioeconómicas. Desde poderosos políticos, hasta niños fueron víctimas de ese delito.
No son pocos los que respiraron aliviados con la noticia de la imputación por parte de la JEP. Pero no hay motivo real que nos faculte para emitir un parte de tranquilidad dado que las eventuales sanciones serán meramente simbólicas.
Lo dijimos desde el mismo instante en que se conoció el acuerdo de La Habana: la paz se construye cuando existen sanciones reales, cuando las víctimas, además de ser reparadas y de conocer la verdad, registran que sus victimarios son receptores de sanciones judiciales, así sean menores a las establecidas en el código penal.
Entiendo que la paz obliga a ceder en materia de aplicación de justicia. Pero algo va de una disminución de una condena, a nada de castigo penal, como sucederá concretamente frente a los secuestros perpetrados por las Farc.
Ahora bien: no es sano para nuestra democracia que personas que ordenaron y ejecutaron el secuestro de miles de personas, sean beneficiarios con curules en el Congreso de la República. Muchos han dicho que ese es el “precio” que hay que pagar por tener un país en paz. Pero, ¿a cuál paz se refieren? El tiempo se ha encargado de demostrar que las Farc no se desmovilizaron completamente y que buena parte de sus estructuras se mantienen en la criminalidad. Es bastante diciente que quien fuera el jefe negociador de ese grupo terrorista, alias ‘Iván Márquez’, hoy sea el jefe máximo de las así llamadas disidencias.
‘Márquez’ y su socio en el crimen organizado ‘Jesús Santrich’ fueron los arquitectos del acuerdo de impunidad que en su momento fue mayoritariamente rechazado por el pueblo que votó por el NO en el plebiscito.
Carlos Holmes Trujillo
Quiero cerrar esta columna, rindiéndole un homenaje a Carlos Holmes Trujillo. Su muerte prematura me ha causado un profundo dolor en el alma. Forjé con él una maravillosa amistad. Aprendí de su talante.
Colombia ha perdido a un dirigente político de grandes quilates que estaba en su mejor momento.
Carlos Holmes estaba listo para iniciar su carrera hacia la presidencia de la República, campaña que, en lo personal, estaba dispuesta a acompañar.
Su legado debe permanecer y sus ideas políticas tendrán que ser incorporadas en el programa de gobierno que el Centro Democrático presente a consideración popular con ocasión de las elecciones del año entrante.
A Alba Lucía, sus hijos Carlos Mauricio, Camilo, Iván y Rodrigo, quiero extenderles un saludo de condolencias. Los acompaño en su dolor. Que descanse en paz ese gran hombre que fue Carlos Holmes Trujillo.