Álvaro Uribe Vélez
Álvaro Uribe Vélez nació y creció en el departamento de Antioquia. Su infancia transcurrió entre Medellín y las fincas de su familia situadas en el suroeste del departamento lo que despertó su amor por el campo y los caballos.
Desde pequeño estuvo relacionado con la política. Su madre, Laura Vélez Uribe, participó en el plebiscito de 1957 por los derechos políticos de la mujer en Colombia, lo que la llevó a ser elegida como concejal un tiempo después.
Estudió en el Instituto Jorge Robledo de donde se graduó y fue reconocido como el mejor bachiller.
Se graduó de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia y obtuvo un título de especialista en Administración y Gerencia de la Universidad de Harvard.
Se desempeñó como director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, donde hizo carrera para llegar al Senado de la República.
Fue senador de 1986 a 1990 y de 1990 a 1994, tiempo en el que fue distinguido como el Senador Estrella en 1990, Senador con las mejores iniciativas en 1992 y Mejor Senador en 1993.
Perteneció a la comisión séptima de esta corporación y promovió iniciativas como la reforma pensional, reforma laboral, ley de seguridad social e integral y protección mujer cabeza de familia.
De 1995 a 1997 fue Gobernador de Antioquia. Durante esos dos años tuvo como objetivos reducir los gastos, erradicar la politiquería, introducir austeridad, defender las finanzas departamentales, construir ahorro y generar más inversión para la comunidad.
Durante su mandato amplió a 102.000 cupos la cobertura de educación, multiplicó por tres los kilómetros de carreteras pavimentadas y logró que un millón de personas accedieran a un servicio de salud pública subsidiado.
El 26 de mayo de 2002 fue elegido Presidente de la República con el apoyo de 5.862.655 personas, el 54.51% de los votos, resultado que le permitió, por primera vez en la historia de Colombia, ganar en primera vuelta.
Fue reelegido en el 2006 con un porcentaje que superó el 60% de la votación.
Su mandato se concentró en la política de Seguridad Democrática, que se caracterizó por la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.
Durante su Presidencia fueron evidentes los resultados positivos: el secuestro se redujo de 2.282 a 213 casos por año; los homicidios disminuyeron de 29.000 a 16.000; la tasa de desempleo pasó de 16% a 11% y la inversión extranjera aumentó de US$2.000 millones anuales a US$7.000 millones en el mismo periodo.
En el 2018 fue elegido nuevamente para ocupar una curul en el Senado de la República, desde donde ha liderado iniciativas que benefician a las madres y los bebes del país, así como a los soldados y los veteranos de la fuerza pública y las personas de la tercera edad.
Los proyectos en beneficio del medio ambiente y la seguridad alimentaria también han estado en su agenda legislativa con el proyecto que promueve el uso de vehículos eléctricos y el que crea la política que controla la pérdida y desperdicio de alimentos.
En sus años como servidor público, Álvaro Uribe Vélez se ha destacado por sus valores democráticos y sus políticas sociales, por su acercamiento a las regiones y por escuchar y dar solución a los principales problemas de las comunidades.
No ha dudado en tener mano firme con quienes han actuado en contra de la ley y corazón grande para beneficiar a quienes más lo necesitan en su país.
Gabriel Jaime Vallejo Chujfi
Director Nacional
2024 - Actualmente
Abogado con formación en Legislación Tributaria y Gobierno Corporativo. Incursioné en la política con la intención de consolidar a Risaralda como un destino turístico de talla mundial y he llevado mi etapa como legislador bajo los principios de la confianza inversionista, la lucha contra la corrupción y seguridad como bien público de todos y compromiso de todos.
Trabajó en la Cámara de Comercio de Pereira como director jurídico y secretario general hasta que fui nombrado presidente de la junta directiva de la entidad. Además, fui profesor de Derecho Constitucional, en la Universidad Católica de Pereira.
Ponente en proyectos como el derecho del agua, la inclusión digital y la posibilidad de inhabilitar a aquellas personas y empresas que afectan la libre competencia con la creación de carteles empresariales para licitar con el Estado.