El senador de las Farc, Iván Cepeda, que está transmutando a la política colombiana hacia un escenario judicial en el que todo aquel que no se repliegue a sus intereses se convierte en su objetivo, ha tenido la desfachatez de denunciar al Estado ante la Corte Penal Internacional.
Siempre es indignante que Cepeda Castro, que es reconocido por su inaudita amistad y cercanía con los genocidas de las Farc, acuda a instancias internacionales con el propósito de formular quejas contra Colombia, país que ciertamente, ha sido víctima histórica del terrorismo.
Iván Cepeda, que ha hecho de los Derechos Humanos un estupendo negocio y una plataforma para hacer politiquería de la más ruin, no ha manifestado la menor intención de exigir que las Farc respondan por sus crímenes, reparen a sus víctimas y suspendan, de una vez por todas, la comisión de actos violentos.
Con el accionar de las ‘disidencias’, las Farc han puesto en marcha la tantas veces repetida estrategia comunista de la combinación de todas las formas de lucha, incorporada por el partido comunista colombiano desde comienzos de la década de los 60 del siglo pasado.
Nos hemos preguntado insistentemente porqué hay sectores de la sociedad colombiana que, en vez de exigir el cumplimiento de los compromisos, se han concentrado en el encubrimiento de los crímenes cometidos por las Farc.
La JEP lleva bastantes años de funcionamiento. De ese tribunal solo hemos tenido noticias con ocasión de la sospechosa determinación adoptada por 3 de sus magistrados, en virtud de la que se despachó la libertad del narcotraficante ‘Jesús Santrich’, elemento del terrorismo que se constituye en una de las peores amenazas contra la seguridad de nuestro país.
Nunca nada hará que olvidemos que Iván Cepeda, ese mismo que urde montajes y tramita beneficios a favor de falsos testigos que declaren contra el presidente Uribe, fue la persona que mayores presiones ejerció en todos los ámbitos para lograr la liberación -¿Y tal vez facilitar su fuga?- del terrorista ‘Santrich’.
La extrema izquierda nos intenta manipular con el “embrujo” de la paz. Ahora, cuando se conmemoran 4 años del robo al plebiscito, podemos concluir sin temor a equivocarnos que el de Santos y ‘Timochenko está en las antípodas de lo que es un acuerdo de paz, de acuerdo con los estándares internacionales contemporáneos.
Los responsables de crímenes de lesa humanidad gozan de una fastidiosa impunidad. Los crímenes más sensibles -entre los que se encuentra el reclutamiento forzado de menores de edad- no han querido ser esclarecidos. Las víctimas de las Farc continúan sin conocer la verdad de los hechos, sin recibir la reparación y sin registrar la aplicación de justicia contra sus victimarios -así sea a través de las sanciones simbólicas que la JEP prevé imponerles a los cabecillas de la guerrilla terrorista-.
La inacción de la justicia es fruto en muy buena medida, de la participación decidida de personas como Iván Cepeda a quien no le interesa que el país conozca los crímenes cometidos por sus ‘camaradas’ de las Farc.
Su objetivo es distinto: desviar la atención, agobiar al Estado colombiano a través de denuncias temerarias dentro y fuera del país, y perseguir a quienes tengan posibilidades políticas reales de atajar a la extrema izquierda y de obligar a que las atrocidades cometidas por el terrorismo de las Farc, no sean ni olvidadas ni tranzadas por castigos emblemáticos que, como ya sabemos, en ningún caso serán sancionadas con una temporada en la cárcel, como efectivamente debe ser. Al fin y al cabo, el rechazo a la impunidad de las Farc fue una de las principales razones por las que la mayoría ciudadana votó el 2 de octubre de 2016 en contra del acuerdo negociado en La Habana, toda vez que se trataba de un documento que atropellaba los intereses superiores de la Patria y de la sociedad colombiana.
Los responsables, pero también sus encubridores, tarde o temprano deberán ponerle la cara al país, a nuestra justicia y responder por el gran daño que le han hecho a Colombia.