Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
La protesta es un derecho amparado en nuestra Constitución Política de 1991 en el Artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho.”
Como podemos ver se trata de un derecho de los colombianos, y como tal es importante para el ejercicio de la democracia, pues a través suyo se permite a los ciudadanos manifestar de forma “publica y pacífica” su inconformidad frente a omisiones o actos de gobernantes e instituciones, exigir un ambiente social que permita el disfrute de su ciudadanía y mostrar rechazo frente a conductas que generan repudio. Un buen ejemplo de esto es el de las movilizaciones ocurridas el 4 de febrero del 2008, tanto en las calles de nuestro país como en el exterior; en esa ocasión millones de colombianos se unieron clamando a una sola voz: “No Más FARC”. En las manifestaciones no hubo actos de vandalismo, y no se tuvieron que lamentar civiles o miembros de las FF.MM heridos o muertos. Se trató de una forma legítima de ejercer el derecho a la protesta.
Las motivaciones ciudadanas para el ejercicio de la protesta son diversas, y la voz que retumba en las calles sirve como un insumo que debe ser tenido en cuenta por parte de los gobernantes para la toma de decisiones. Pero todo derecho exige el cumplimiento de unos deberes, de los cuales el más importante es el respeto a los derechos de los demás. De manera infortunada, durante los últimos años, un gran número de manifestaciones han terminado en actos de violencia y vandalismo, presentando también excesos por parte de la fuerza pública, lo cual deslegitima la intervención de la autoridad. Tampoco se puede negar que existen infiltraciones por parte de organizaciones de naturaleza terrorista.
Genera preocupación ver como algunos políticos utilizan la protesta social, como escenario para motivar el odio entre clases y hacia las instituciones constitucionalmente establecidas; todo esto a pesar del juramento que hicieron estos “padres de la patria” de respetarlas y defenderlas. Con motivaciones electoreras distorsionan realidades y demeritan decisiones tomadas por del Gobierno Nacional o el Congreso o de la República, haciendo uso de arengas que contienen mensajes con los que transgreden, injurian abusando del beneficio de la inviolabilidad parlamentaria que dice: “(Artículo 185) Los congresistas serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo, sin perjuicio de las normas disciplinarias contenidas en el reglamento respectivo”.
Este oportunismo afecta directamente a nuestra juventud, especialmente la llamada “NINI” (jóvenes entre los 15 y 24 años que Ni estudian, Ni trabajan), pues ellos son víctimas de manipulaciones ideológicas y utilizados en las calles cómo carne de cañón, todo para favorecer las estrategias de aquellos que deliberadamente promueven la anarquía y el caos; los jóvenes son una eficaz herramienta para avanzar en sus aspiraciones de poder. Cabe resaltar que la acogida que estas doctrinas de rebeldía social tienen en la juventud, también son fruto de la deuda que la sociedad tiene con ellos. La pobreza y la falta de oportunidades educativas y laborales les han llevado a un estado de negativismo y frustración y a ver cautivadoras las falsas promesas de un estado asistencialista donde hay derechos, pero se desconocen los deberes.
Aunque debemos reconocer que nuestra sociedad tiene problemáticas complejas a muchos niveles, no podemos permitir que la juventud de nuestro país sea engañada, desconociendo la verdadera historia de la democracia colombiana, y las buenas gestiones que desarrolla el Gobierno Nacional o del congreso de la república, en donde trabajamos a diario con la finalidad de ofrecer a cada compatriota un futuro con mayores oportunidades.
Finalmente, con miras a las próximas jornadas de protesta que ya están siendo convocadas, envío un mensaje a las personas e instituciones organizadoras, para que lleven a cabo las marchas en el marco del respeto a los derechos de los demás. Que no se permita la intervención de vándalos ni criminales, que hagan denuncia oportuna de las infiltraciones, y manifiesten su rechazo a las mismas. Recordando que nuestra democracia permite la protesta social y la libre expresión de los sectores de oposición; pero debemos estar atentos para evitar la acción de aquellos que tienen como modus operandi pescar en rio revuelto, poniendo en peligro la integridad de los colombianos y después frente a las nefastas consecuencias evaden las responsabilidades de sus discursos incendiarios.
