Por: Juan Espinal

 

El Amazonas lleva varios meses llamando la atención de todos los colombianos; en el incendio del año 2019, se afectaron aproximadamente 2,5 millones de hectáreas, el último informe del IDEAM establece que el 85% de la deforestación entre los meses de octubre y diciembre se presentó en este departamento afectando 28.000 hectáreas; y llega la pandemia Covid-19 amenazando la salud y la vida de la ciudadanía, obligando al gobierno actuar de manera inmediata, toda vez que la ubicación de la ciudad de Leticia, se cruza con dos fronteras (Brasil y Perú), representando un alto riesgo de contagio.

El llamado se hace urgente, en el Congreso de la República hay varias iniciativas dirigidas a mitigar y evitar la deforestación en nuestro país, existe una propuesta legislativa que presenté con la senadora Paola Holguín, que tiene como finalidad agravar la pena de una tercera parte a la mitad, cuando la afectación consista en la tala ilegal de bosque natural, y busca proteger ecosistemas estratégicos, que según el Instituto Von Humboldt, se encuentran en un 46% en peligro crítico; además Colombia se ubican entre los cinco países más deforestados a nivel mundial, listado que según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) lo complementan Brasil, Indonesia, República Democrática del Congo y Bolivia.

El Amazonas sin duda ha sido la región mas afectada por este fenómeno; según cifras del IDEAM el 84,9% de la deforestación del país ocurre allí. No obstante, La región andina con el 11,8% constituye un aporte significativo, sumado a la Orinoquia, Pacifico y Caribe con 1% respectivamente. Este panorama permite identificar al narcotráfico, la ganadería extensiva y el comercio ilegal de especies nativas como principales causas. Ante estas cifras, la meta de siembra de los 180 millones de árboles por parte del gobierno del Presidente Iván Duque, es un programa que será de gran impacto para buscar equilibrio a esta problemática.

Hace unos días el Procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, envió un comunicado al Gobierno Nacional, solicitando decretar la situación de Emergencia Ecológica y Climática a nivel nacional, propuesta que me parece acertada, que amerita análisis, pues la atención de la deforestación se debe adoptar de manera urgente, con medidas jurídicas drásticas.

Finalmente, se debe hacer un llamado a la articulación institucional para que se tomen medidas a corto plazo, intensificar el monitoreo a nivel nacional, especialmente en los departamentos con mayor índice de deforestación como Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Amazonas, y extenderlo a los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Santander, Nariño y Chocó, donde el problema no es menor pues se mantiene la minería ilegal y la siembra de cultivos ilícitos.

La protección de la cobertura boscosa en el país, requiere un esfuerzo transversal de distintos actores, que permita establecer mejores estrategias de conservación, incluir esquemas de pago por servicios ambientales en los que los habitantes del bosque puedan volverse su primer mecanismo de protección, el fortalecimiento de la siembra y dispersión de este ecosistema en suelos degradados, el diagnóstico de las áreas protegidas y la consolidación del Sistema Nacional Ambiental con herramientas tecnológicas que mejoren la respuesta a este fenómeno que tanto afecta el patrimonio ambiental y la biodiversidad como activo de la nación.