Por: Nicolás Pérez,
Senador de la República.
Una de las afectaciones más grandes que trajo la pandemia fue el desempleo. En un País como Colombia donde ya era de por sí difícil generar plazas de trabajo, el 2020 arrasó con 5.4 millones de puestos. Miles de familias perdieron su sustento, se fueron a la basura 20 años de lucha contra la pobreza y la brecha de desigualdad se extendió aún más. Afortunadamente, los esfuerzos que realizamos conjuntamente entre el Gobierno Nacional y el Congreso nos permitieron actuar a tiempo y contrarrestar una situación de la que ya estamos ad portas de salir.
Como tal, el 2019 lo cerramos con una tasa general de desempleo de 10.5%. Una cifra que, a pesar de ser todavía alta, estaba muy cerca de llegar a un solo dígito y que registraba un comportamiento favorable que iba de la mano de la variación más alta del PIB y de inversión extranjera directa en seis años. Algo que habíamos logrado tras aprobar los incentivos tributarios de la Ley de Financiamiento de 2018.
Sin embargo, las cuarentenas dispararon ese indicador al 21.4% en mayo de 2020, la cifra más grave de la historia. Desde entonces, hemos afrontado una lucha constante para disminuirlo. Una primera aproximación positiva fue la reactivación de noviembre y diciembre del año pasado, donde logramos bajarlo al 13.4%. No obstante, el segundo pico de enero y febrero y los paros de abril y mayo estancaron el desempleo por encima del 15% durante el primer semestre de este año.
Por eso, la cifra registrada en agosto de 2021 es realmente esperanzadora. Por primera vez desde marzo de 2020 este flagelo bajó al 12.3%, 914.000 personas encontraron trabajo en este mes y la población desocupada cayó a 3.05 millones, lo cual nos demuestra varias cosas.
En primer lugar, el plan de vacunación del Gobierno ha sido un éxito. La población de mayor riesgo ya lleva varios meses inmunizada y pasamos de registrar más de 600 fallecidos al día hace unos meses a menos de 30 diarios durante la última semana. Un gran avance que nos permitió dar pie a una necesaria reapertura económica.
En segundo lugar, el subsidio a la nómina logró su cometido. Durante la vigencia plena del programa se protegieron 4.1 millones de empleos en todo el País y con la extensión que realizamos de mayo a diciembre de 2021 en la Ley de Inversión Social cubriremos 400.000 empleos adicionales generados por empresas que tengan de 2 a 50 trabajadores.
En tercer lugar, el ingreso solidario demostró ser una herramienta eficaz para reactivar la capacidad adquisitiva de los hogares más vulnerables, un aspecto vital para subsanar las necesidades básicas e inyectarle recursos a la economía a través de un mayor consumo. Por eso, extendimos su vigencia hasta diciembre de 2022, de tal forma que terminemos de compensar la situación de emergencia.
A estos factores, cabe señalar, hay que adicionarle uno que establecimos en la Ley de Inversión Social y que apenas va a iniciar: los incentivos para la creación de nuevos empleos hasta agosto de 2023. En efecto, en este proyecto acordamos que el Gobierno Nacional subsidiará el 25% de un salario mínimo de los puestos que se creen para jóvenes de 18 a 28 años, lo cual también se hará en un 15% para los empleos de mujeres mayores de 28 años y en un 10% para las plazas de trabajo de las personas mayores de 28 años que perciban hasta 3 salarios mínimos.
Con estas medidas no solamente disminuiremos aún más la tasa general de desempleo, que anhelamos llegue a un dígito, sino que promoveremos la contratación de los dos grupos poblacionales más afectados laboralmente por la pandemia: los jóvenes y las mujeres, las cuales, por ejemplo, sufren un indicador del 16.4%.
En últimas, lo que estamos presenciando es el comienzo del fin de la crisis. Además del repunte del PIB al cierre de 2021 que se calcula entre el 6% y el 9%, la caída del desempleo es el mayor símbolo de esperanza del último año y medio en el País. Gracias al esfuerzo conjunto entre ejecutivo, legislativo y sector privado en cuestión de meses podríamos estar retornando del todo a los niveles previos a la pandemia en materia social y económica.