Si bien este gobierno nunca se ha caracterizado por un actuar coherente y alineado con el panorama nacional e internacional, ahora los anuncios irresponsables de los jefes de cartera le van a pasar factura a los colombianos, literalmente.
Cuando no se trata del mismo presidente Petro inmiscuido en problemas jurídicos personales del Ministro de Defensa, es Irene Vélez; ministra de minas y energía, una de las más desatinadas e insensatas, la encargada de generar un ambiente de duda e incertidumbre y en nada más ni nada menos, que sobre una de las principales fuentes de ingreso para la Nación: La exploración y explotación de hidrocarburos.
Luego de afirmar en su intervención, durante el Foro Mundial en Suiza, que “Decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo” ha puesto en jaque la seguridad energética del país, ignorando por completo no solo las advertencias que en reiteradas veces le hemos hecho como oposición, también las consecuencias nefastas que esto representa para la economía.
Sólo quien desconoce por completo, de forma y fondo, la tarea que le fue encomendada, habla de la importancia de la transición energética y le da la espalda al energético más importante para lograrlo: el gas. No solo nos sentencia a tener que importar gas, también nos condena a disponer de los recursos para poder hacerlo, ya que como se ha evidenciado en otros países del mundo, es escandalosamente costoso.
Evidentemente, como lo han afirmado tantos expertos, esto pondría en riesgo, no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y electricidad, sino que impactaría el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos.
Los hidrocarburos han sido uno de los grandes contribuyentes del país y una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, pues representan 2,1% del Producto Interno Bruto; alcanza 12% de ingresos corrientes de la Nación; es la tercera parte de las exportaciones, 32% de las ventas al exterior; tres de cada US$10 que entran como divisas provienen de la venta de crudo; más de $17 billones le aporta el petróleo a las regalías; siete de los 10 grandes contribuyentes son del sector petrolero, y lo que no es menor, unos US$4.500 millones se mueven anualmente en inversiones en exploración, producción y comercialización de hidrocarburos.
Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P impactaría altamente el apetito de inversión extranjera en el sector, lo que terminaría por estancarse, poniendo en riesgo a más de 120.000 empleos que este le genera de manera directa e indirecta al sector, de acuerdo a la Asociación Colombiana de Ingenieros de petróleos.
En pocas palabras esto, sumado a la inflación, la devaluación y sin regalías, al final de la ecuación tendremos un pueblo empobrecido, el cual tendrá que pagar hasta cinco veces más la tarifa del gas y de electricidad. De esta manera, veremos un aumento importante y significativo de la brecha de desigualdad y pobreza en el país, teniendo en cuenta que los estratos uno y dos concentran el 60 % de la cobertura nacional.
Por otra parte, al recibir menos impuestos y dividendos derivados de esta actividad, se disminuirán los recursos destinados a la inversión social. Quizá la ministra Vélez ignora que, en los contratos de exploración y producción, las inversiones sociales obligatorias en las áreas de influencia de las operaciones, corresponden a mínimo el 1% de las inversiones realizadas por la empresa en el bloque en cada etapa de desarrollo del contrato.
Ahora bien, no se puede desconocer que estas inversiones le apuestan al desarrollo regional mediante la generación de empleo, los encadenamientos productivos, la estabilidad social y energética del país. Para departamentos como el Meta, Casanare, Santander o Putumayo, las economías regionales dependen de los minerales, incluido el petróleo en al menos 40% según el DANE, lo que aumenta su importancia en exportaciones, ingresos tributarios, regalías y contribuciones que han servido para apalancar programas de inversión social y ambiental en Colombia.
En una baraja de posibilidades para realizar la transición energética de manera responsable y consciente, nos estamos cerrando la puerta a depender de terceros, tal como le sucedió a Europa al dejar este suministro en manos ajenas.
En resumidas cuentas, hemos caído en una majadería tan perjudicial, que podría no tener retorno. Tan es así, que la situación ha develado una crisis institucional por las constantes contradicciones entre el MinMinas y el ministro de hacienda, sin contar lo divulgado en cuanto a la tensa relación que existe entre la ministra Vélez y la viceministra Belizza Ruiz.
Estamos en las peores manos.