Por: Nicolás Pérez

Senador de la República

 

Aunque Colombia no es propiamente un País petrolero, buena parte de los ingresos de la Nación y de las entidades territoriales dependen de la venta de este hidrocarburo. Tan es así, que lo queramos o no hoy en día tenemos una dependencia a este activo que no podemos negar, por lo que, en vez de luchar contra él, debemos saber aprovechar las dinámicas del mercado para proteger las finanzas públicas.

Como tal, si estudiamos el flujo de recursos del País observamos que el aporte de este sector es indiscutible. Nada más en 2019 Ecopetrol le entregó al Estado $26.3 billones por concepto de dividendos, impuestos y regalías. Los dos primeros rubros nutren el Presupuesto General de la Nación, es decir, los recursos del Gobierno Nacional, mientras que el último se destina al Presupuesto del Sistema General de Regalías, el cual es una apropiación paralela que tienen a disposición los Alcaldes y Gobernadores para financiar proyectos de inversión en sus territorios.

Son tan significativas estas cifras que los $6.5 billones que en dicha ocasión Ecopetrol le entregó a la Nación por dividendos equivalen al recaudo promedio que se logra con una pequeña reforma tributaria. Por eso es que, entre otras cosas, es bastante difícil encontrar una actividad económica que nos permita sustituir en el corto plazo los recursos que generan los combustibles fósiles.

Ahora bien, el gran problema de esta dependencia es que el precio del barril, al igual que sucede con el dólar, está determinado por factores externos que no podemos controlar, tal como el cumplimiento de los acuerdos de producción que realizan los países de la OPEP -Organización de Países Exportadores de Petróleo-.

Por ejemplo, la disputa comercial que sostuvieron a comienzo del año pasado Rusia y Arabia Saudita hizo que, tras un aumento en la producción, el precio del barril se desplomara de US$58.5 en enero a $US19.9 en abril. Una caída de US$38.6 que terminó generando un hueco fiscal en nuestro presupuesto, tal como sucedió en 2014 cuando se acabó la bonanza minero-energética y llegó a su fin la fantasía de tener el barril de petróleo a más de US$100.

Debido a esta circunstancia, desde que llegué al Senado en 2018 le he propuesto insistentemente al Gobierno Nacional que realice ventas futuras de petróleo. Me explico: siempre el precio del barril, por una infinidad de circunstancias, va a tener alzas y bajas. Esta dinámica, que en principio pareciera afectar nuestros ingresos, si la sabemos utilizar nos puede ayudar a proteger el presupuesto.

¿Cómo?

Muy sencillo: cuando el precio del petróleo muestre una tendencia sostenida al alza el Gobierno puede venderles a los compradores no solamente los barriles que ha producido hasta el momento, sino que también una cantidad que se compromete a producir en un futuro.

Por ejemplo, si entre abril y mayo de 2019, cuando el barril superó los US$70, se hubiera vendido a ese precio el petróleo que el País iba a producir en los siguientes cinco meses, no habríamos sufrido las pérdidas generadas por la caída de casi US$20 por barril que se vio en julio, donde el hidrocarburo se cotizó en US$56.2.

Además, esta propuesta permitiría, inclusive, incrementar los ingresos estimados en el Presupuesto General de la Nación y el Presupuesto del Sistema General de Regalías. En efecto, nada más para el 2021 el Gobierno proyectó un barril a US$50 y, a la fecha, la cotización del petróleo ya supera los US$55 gracias a la tendencia sostenida al alza que se originó en octubre y que ha permitido una recuperación en el precio de US$20.

Si este comportamiento continúa y el Gobierno vende el petróleo a futuro antes que el precio vuelva a caer, los ingresos presupuestados de la Nación se incrementarían, con lo cual la presión de encontrar nuevas fuentes de financiación no sería tan apremiante.

Saber aprovechar las variaciones en los precios es uno de los factores que hace rentable a la bolsa de valores y el Gobierno Nacional, sin lugar a dudas, debería acudir a estas técnicas bursátiles para proteger los ingresos del Presupuesto, de forma tal que los recursos destinados a la inversión social no se vean afectados por la volátil cotización de las materias primas.