Por: Margarita Restrepo
Durante estos días en los que el país ha podido conocer la totalidad de las pruebas recaudadas con ocasión de la investigación que la Corte Suprema adelantó en contra del presidente Álvaro Uribe Vélez, hemos podido confirmar que siempre se ha buscado, por parte del expresidente y sus abogados, que se conozca la verdad.
No viene al caso hacer un recuento del proceso. Todos hemos vivido esta pesadilla que empezó hace un año cuando la sala de instrucción decretó la detención del jefe del Centro Democrático, con base en pruebas amañadas, interceptaciones ilegales y testimonios proveídos por falsos testigos, entre ellos Juan Guillermo Monsalve.
Desde siempre, ha quedado en el ambiente la impresión de que esa investigación tiene fines políticos y no jurídicos, tesis que se fortalece al escuchar la argumentación que ha hecho el fiscal Jaimes durante la audiencia de preclusión. No hay una sola grabación, comentario, indicio que apunte a que el expresidente o alguno de sus abogados haya intentado manipular o comprar un testigo. Todo lo contrario: su objetivo era el de que quienes habían mentido -como es el caso de Monsalve- dijeran la verdad.
La sed de venganza de los enemigos del presidente Uribe es infinita. Han entregado los últimos años de sus vidas para acabar con él, con su carrera, con su partido y hasta con sus compañeros de lucha política. Movidos por el odio visceral, han ido hasta los lugares más oscuros del infierno a buscar falsos testigos, a fabricar y manipular evidencias, a conseguir declaraciones equívocas y carentes de sustento fáctico.
Una de las grandes amenazas que se cierne sobre nuestra democracia es el uso que de la justicia ha hecho la política. Los tribunales no pueden seguir siendo utilizados por la izquierda para compensar las derrotas que sufren en las urnas. El daño que se ha hecho es irreparable. No se puede acabar con una corriente política -el Centro Democrático- a través de estigmatizaciones y de montajes judiciales urdidos por la extrema izquierda neocomunista que, lamentablemente, ha contado con el respaldo de algunos integrantes de la rama judicial y unos cuantos periodistas rabiosos que olvidaron la razón de ser de su profesión para convertirse en falsificadores y manipuladores de pruebas con el fin de desinformar y confundir a la opinión pública.
Quienes conocen la vida, la trayectoria, el proceder, el talante y los principios morales que guían al presidente Uribe, no tienen la menor duda de su inocencia. Su vida pública es impecable. Seguramente ha tenido yerros, como cualquier ser humano, pero nunca ha cometido un delito. De eso, no me cabe la menor duda.
Sus seguidores hemos seguido firmes a su lado, acompañándolo en esta que es, sin lugar a dudas, la más dura prueba que le ha puesto la vida por delante. A pesar de las dificultades y de la frustración que produce la infamia que se ha expandido sobre la persona del presidente Uribe y sobre su corriente política, tengo la plena certeza de que al final del día terminará imponiéndose el esplendor de la verdad.