Por: Nicolás Pérez.
Senador de la República.
Esta semana empezó la discusión en la Plenaria del Senado del proyecto de ley que reforma el mercado de capitales. Una iniciativa que radicó el ex Ministro Alberto Carrasquilla a mediados del semestre pasado y que incluye aspectos positivos, temas que generan preocupación y artículos que bajo ningún motivo podemos aprobar. Entre ellos, la privatización del Fondo Nacional del Ahorro.
Comencemos por las cosas buenas. En el proyecto se buscan generar medidas para lograr una mejor focalización de los subsidios que entrega el Gobierno. Una problemática bien conocida, dado que de acuerdo a un estudio del Departamento Nacional de Planeación -DNP- de 2016 el 40% de los auxilios se dirige al 40% de la población de mayores ingresos. Además, a corte de 2016 el 38% de los receptores de Colombia Mayor estaban por encima de la línea de pobreza y para 2018 el 47% de los beneficiarios de Familias en Acción no se encontraban en condición de pobreza monetaria.
De igual manera, se crean líneas de crédito agropecuario con subsidio a las tasas de interés. Una medida que puede activar de manera determinante este sector, sobre todo para los pequeños productores. Asimismo, se democratiza el acceso a la bolsa al permitir que cualquier persona sea accionista de ella y se fortalecen las facultades de la Superintendencia Financiera para supervisar el cumplimiento de los lineamientos del gobierno corporativo de las empresas.
Ahora, miremos algunas preocupaciones. En aras de fortalecer el flujo de recursos del mercado de capitales y facilitar la capitalización de más empresas, el proyecto les permite a las Sociedades por Acciones Simplificadas -SAS- emitir valores y negociar acciones en la bolsa. Históricamente esto siempre ha estado prohibido, dado que las SAS no cuentan con la misma robustez institucional de otro tipo de empresas como las Sociedades Anónimas.
Por ejemplo, las SAS pueden tener objeto indeterminado, un único dueño, no necesita escritura pública para su constitución, el tiempo que se tiene para pagar el capital suscrito es de dos años, etc. Es decir, es una estructura societaria que facilita como ninguna otra la creación de empresa y el emprendimiento, lo cual es sumamente bueno. Sin embargo, esos mismos beneficios han hecho que también se presenten repetidos casos de fraude.
Por eso, la eventual habilitación a las SAS para que negocien sus acciones en la bolsa debe estar sujeta a una estricta regulación que garantice la solidez de la compañía y proteja los recursos de los inversionistas.
Dicho esto, pasemos a dos temas oscuros del proyecto. El primero, es que se pretende transformar la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro para que pase de una empresa industrial y comercial del Estado a una sociedad de economía mixta, algo que se intentó hacer en el Plan Nacional de Desarrollo y que los coordinadores ponentes rechazamos tajantemente. En español, esto significa que se privatizaría el FNA, dado que se permitiría el ingreso de capital privado.
El Fondo, cabe señalar, es una entidad que en materia de ingresos recauda y administra cesantías y frente al gasto otorga créditos con condiciones que muchas veces son más competitivas que las ofrecidas por buena parte de los bancos tradicionales. Así ha funcionado durante 50 años, históricamente ha registrado buenos resultados, es una de las pocas entidades financieras de primer piso que tiene el Estado colombiano y ciertamente no hay necesidad de alterar su composición accionaria para que lleguen privados con voz y voto a tomar decisiones.
El segundo, es que se quiere eliminar la facultad que actualmente tiene el Gobierno para fijar la rentabilidad mínima de los fondos de pensiones. Esto significa que este tipo de actores no estarían obligados a que sus inversiones generen utilidades para sus afiliados, con lo cual podrían utilizar los recursos para financiar proyectos mucho más riesgosos, que pueden derivar en pérdidas, sin que tengan consecuencia alguna.
En otras palabras, se pondría en jaque el ahorro pensional de millones de colombianos. Algo que bajo ninguna circunstancia podemos permitir.
Por esa razón, radiqué un bloque de proposiciones que eliminan los artículos que pretenden privatizar el FNA y que mantienen viva la competencia del Gobierno para fijar la rentabilidad mínima de los fondos. Aunque el proyecto tiene aspectos positivos que apoyaré, estas son líneas rojas que no se pueden cruzar y que defenderé en la discusión de la iniciativa.