Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
En un año preelectoral como el actual lo más conveniente para un gobierno, desde el punto de vista estrictamente político, sería no tomar ninguna decisión en el tema tributario y dejar en manos del próximo presidente la responsabilidad de realizar los ajustes necesarios a las finanzas de la nación con el fin de garantizar la sostenibilidad de los programas sociales.
No son ciertas las afirmaciones que señalan a nuestro país de ser el único en el mundo en discutir una reforma tributaria: Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, entre otros, avanzan en nuevas medidas fiscales.
Desde el Senado de la República apoyaremos todos los programas sociales que la reforma trae, entre los que destacamos la gratuidad en la universidad pública para estudiantes de estratos 1, 2 y 3. NO apoyaremos medidas como el cobro del IVA a los servicios públicos ni a la canasta familiar. NO deben gravarse las pensiones. NO al cambio de categoría para los productores de alimentos que deben mantenerse exentos de IVA, al igual que NO apoyaremos gravámenes que afecten a los campesinos colombianos.
Desde el referendo del 2003 propuesto por el entonces presidente, Álvaro Uribe, nuestro partido, el Centro Democrático, ha propuesto en más de tres ocasiones al Congreso de la República la reducción en el número de congresistas y de su salario, pero la oposición ha hundido estas iniciativas.
Una reducción del salario de los congresistas inmediatamente traerá la disminución del mismo a quienes ostentan altos cargos del Estado. Es urgente una reducción real del tamaño del Estado eliminando consejerías y fusionando o eliminando entidades como las 67 contralorías territoriales. Los alcaldes y gobernadores no pueden evadir su responsabilidad en esta crisis y dejar las soluciones en manos del Gobierno Nacional; deben liquidarse entidades que solo alimentan botines burocráticos, reducir el número de asesores externos que han convertido sus cargos en plataformas políticas y, finalmente, realizar reformas administrativas.
Estoy proponiendo la reducción del 30% de los miembros de las corporaciones públicas que actualmente cuentan con 279 congresistas, 418 diputados y 12.063 concejales.
Se requieren acciones contundentes contra la evasión tributaria que representa $50 billones anuales, la corrupción y el contrabando e implementarse un plan serio de austeridad en todas las entidades públicas.
Nuestra sociedad debe cambiar la cultura del más vivo, del que se salta las filas, del que compra sin pedir factura, pues así estamos siendo cómplices con la corrupción de la cual tanto nos quejamos. Dejemos de señalar a terceros buscando un culpable y evaluemos objetivamente nuestra actitud como ciudadanos. El presente requiere un esfuerzo colectivo, moral y económico si queremos un mejor futuro.