José Félix Lafaurie Rivera
@jflafaurie

El asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, consternó al país.
Otra víctima de la violencia política que regresa a ese país, extenso, incomunicado, con
ausencia de Estado, atacado por una violencia narcoterrorista que llaman guerra, buscando
hacerse al poder político en esos municipios abandonados.
El Acuerdo mismo -las Farc- seleccionó 170 de ellos, los más afectados por la violencia
que ellas generaron, para que allí se desarrollarán Planes de Desarrollo con Enfoque
territorial y sobre ellos se volcarán los recursos.
Al poner sobre la mesa ese mapa de 170 municipios, y superponer el de la guerra y los
grupos ilegales, el mismo de los cultivos ilícitos y la minería ilegal, la coincidencia es total,
como lo es con un tercer mapa con las decisiones del Acuerdo en cuanto a Zonas de
Reserva Campesina y Zonas Veredales.
Mi ejercicio de geografía termina con el mapa de las 16 Circunscripciones Especiales, y
todo coincide. Entonces la sumatoria de esos “podercitos” locales es una red de “poder
real”, en regiones donde falta Estado y florece la ilegalidad..
Buena combinación: poder nacional en el Congreso; poder local en alcaldías y consejos.
Entonces se entiende la insistencia en las circunscripciones, dizque para las víctimas; y por
qué la violencia contra alcaldes y concejales. O alguien piensa que, después del asesinato
de Karina, habrá elecciones democráticas en ese municipio?
Con ella, han sido asesinados siete candidatos; cinco han sufrido atentados, dos más
secuestro, 40 recibieron amenazas y 54 han sido víctimas de violencia, pero aunque el
gobierno es responsable de hacerle frente a la situación, es claro que no es culpable de
haber generado las condiciones de la violencia electoral, porque nadie sale a matar y
amenazar candidatos de la noche a la mañana.
La responsabilidad es del gobierno que permitió esa superposición de violencias y
“condiciones” negociadas con las Farc. En Cauca y Nariño hay 56 mil hectáreas de cultivos
ilícitos, sobre 218 mil de Zonas de Reserva Campesina, cuatro Zonas Veredales y 25
municipios con PDET. Presencia de grupos ilegales, en donde, paradójicamente, los
indígenas echan a la Fuerza Pública, y claro, la región corresponde una Circunscripción
Especial.
¿Quién pone alcaldes bajo la amenaza de las armas en esas regiones? El narcotráfico, que
necesita control territorial a partir del poder político, para que nadie se meta en sus
negocios ilícitos, para corromper por las buenas o por las malas, para que el dinero de la
recuperación se desvíe, porque no les interesan las vías, ni las escuelas ni el progreso, sino

el abandono que mantenga la Colombia de esos mapas en el oscurantismo que proteja sus
fechorías.
No es tarde para un gran operativo que permita el ejercicio de la democracia en esa
Colombia olvidada y tan estratégica.