Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Todos sabemos que la educación es una herramienta transformadora de realidades sociales. Es quizás la más eficiente que como sociedad podemos utilizar para superar las brechas económicas, mejorar la calidad de vida y disminuir la violencia. Por eso, su fortalecimiento es indispensable, lo cual no solo incluye a los tradicionales niveles básico, medio y superior, sino también a la formación para el trabajo.
Como tal, el panorama respecto de los dos primeros segmentos es bastante favorable: en el 2019 se reportaron 10.036.440 alumnos de colegio en todo el País, un 1.2% más frente a 2018, cifra que evidencia que la garantía en el acceso a estos niveles educativos en Colombia es una realidad, ya sea a través de las instituciones oficiales que educan el 80.4% de los estudiantes o mediante los planteles privados que son responsables de la formación del 19.6% de los niños y jóvenes de Colombia.
Ahora bien, estos números no quieren decir que no haya aspectos por mejorar. Por supuesto que toca luchar contra la deserción escolar y las problemáticas de corrupción existentes con el Programa de Alimentación Escolar. No obstante, son dificultades superables en el marco de un contexto general positivo.
Sin embargo, frente al nivel superior las cosas cambian un poco. En efecto, para el 2018, último año con cifras consolidadas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-, en el País habían 2.440.367 estudiantes. De ese total, 78.618 eran de cursos técnicos profesionales, 630.928 de programas tecnológicos, 1.557.594 de pregrado y 173.227 de posgrado.
Asimismo, en dicho año se graduaron 482.122 estudiantes, de los cuales 20.497 fueron de cursos técnicos profesionales, 130.681 de programas tecnológicos, 226.508 de pregrado y 104.436 de posgrado.
Es decir, la formación para el trabajo agrupa a 709.546 personas que representan el 29% de la población estudiantil post-bachillerato y el 31% de los graduados anuales del País. Un componente sumamente importante para las necesidades del mercado laboral, pero proporcionalmente menor a la educación universitaria tradicional.
Lo anterior, no solamente se refleja por el número de estudiantes mencionado, sino porque en nuestro País tenemos un promedio de 6 profesionales por cada técnico o tecnólogo, mientras que en naciones como Alemania, Estados Unidos, Francia o Inglaterra la relación es inversa: 6 técnicos y tecnólogos por cada profesional.
La consecuencia de esta realidad es que hay varios sectores económicos como el agrario, el industrial o el tecnológico donde existe un déficit de técnicos y tecnólogos y una sobre oferta de universitarios, lo que a su vez hace que los sueldos de los primeros sean más altos y, consecuentemente, el de los segundos más bajo.
Por ello, el Estado no solamente debe enfocar sus esfuerzos en la educación superior tradicional, sino que debe concebir la formación para el trabajo como un componente vital de generación de empleo y fortalecimiento de la producción nacional.
Debido a esta situación, urgía que en medio de la emergencia económica, causada por la pandemia, el Ministerio de Educación adoptara medidas para auxiliar a los integrantes de este sector. De no hacerlo, la potencial deserción aumentaría cada vez más el déficit mencionado, encareciendo así los costos de producción del sector privado y aumentando los índices de desempleo.
Afortunadamente, esa cartera de manera articulada con el Congreso creó el Fondo Solidario Para la Educación, dentro del cual se creó una línea de crédito por $8.000 millones para financiar la matrícula de estudiantes de estrato 1 y 2 que acudan a instituciones de formación para el trabajo. Esta, cabe resaltar, espera beneficiar a 7.114 alumnos y será 100% condonable si la persona finaliza el programa académico.
Sin embargo, aunque estas medidas son buenas, somos conscientes que no debemos darnos por satisfechos. Por ejemplo, es necesario que los bancos de segundo piso como Bancoldex o Findeter tengan la posibilidad de prestarle recursos directamente a este tipo de instituciones educativas sin necesidad de intermediarios financieros.
Además, desde el Congreso, y especialmente de cara al estudio en el segundo semestre del Presupuesto del 2021, urge lograr nuevas fuentes de financiación para aumentar la línea de crédito creada y fortalecer la formación para el trabajo, de tal manera que más colombianos puedan tener acceso a ella.
Lo anterior, no solamente requerirá aumentar el rubro asignado a instituciones como el Sena o generar incentivos para las instituciones privadas, sino también permitir que los estudiantes sean beneficiarios de programas como el Ingreso Solidario que hoy cubre a 2.326.781 personas, dado que con este auxilio gozarán de una mayor facilidad económica para dedicarse a los estudios técnicos y tecnológicos.