Por: Nicolás Pérez
Senador de la República
Actualmente se está discutiendo en las Comisiones Segundas Conjuntas de Senado y Cámara el Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que aunque tiene muy nobles intenciones para la protección del medio ambiente, aumentaría aún más la ya maltrecha inseguridad jurídica del País y dificultaría considerablemente el proceso de reactivación económica que tanto estamos necesitando. Una aventura a la que ciertamente no nos podemos adentrar…
Ante todo, para nadie es un secreto que adelantar proyectos de inversión como carreteras, puertos o explotación de recursos naturales en Colombia es una tarea maratónica donde, además de las dificultades propias de la operación, las empresas deben cumplir con dos trámites necesarios, pero sumamente engorrosos.
El primero, es la obtención de la licencia ambiental, la cual es la autorización que otorga el Estado para que se lleve a cabo un proyecto que va a generar afectaciones al medio ambiente, razón por la que el solicitante debe presentar ante las autoridades un detallado plan para mitigar los eventuales daños que se pueden causar. Lógicamente, este se debe cumplir al pie de la letra so pena de imponer severas sanciones.
El segundo, son las consultas previas, las cuales acarrean un arduo proceso de negociación entre los inversionistas, el Estado y las comunidades étnicas para que los proyectos que se adelanten en sus territorios no afecten su identidad cultural. Sin embargo, este requisito tiene, a su vez, dos grandes problemas.
Por un lado, desde 1991 hasta la fecha no ha sido posible expedir una reglamentación estructurada acerca de este proceso. De hecho, los lineamientos que existen han sido establecidos por la Corte Constitucional y son más teóricos que prácticos, situación que genera una pantanosa zona gris al momento de adelantar las consultas.
Por otro lado, el 30.10% de la tierra en Colombia está en manos de las comunidades étnicas, lo cual genera que prácticamente todos los grandes proyectos de inversión del País terminan interfiriendo en algún punto en estos territorios, lo que abre la puerta para tener que realizar las consultas que, casi siempre, finalizan cerrándose con millonarios cheques a favor de las poblaciones indígenas, afro, etc.
Como podemos ver, el proceso de invertir en Colombia no es nada fácil, a tal punto que en el indicador Doing Business el rubro donde peor calificación tiene el País es en el cumplimiento de contratos con una puntuación de 34.3 sobre 100, lo cual es una consecuencia directa de la inseguridad jurídica.
Por eso, si adicional a estos requisitos le agregamos el Acuerdo de Escazú, será prácticamente imposible adelantar los proyectos que tanto necesita el País. En concreto, este instrumento pretende tres cosas: la primera, que cualquier persona pueda tener acceso a la información ambiental. La segunda, garantizar la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. La tercera, proteger el derecho a la justicia ambiental.
Frente a los dos primeros objetivos la situación es bastante clara: las solicitudes de información y de participación pública llegarán a tal punto que se convertirán en un dañino sabotaje que no permitirá aprobar ninguna iniciativa. En otras palabras, es empeorar aún más los problemas que ya tenemos con la consulta previa.
Respecto al tercer propósito, las consecuencias son peores: hay una legitimación activa amplia, se invierte la carga de la prueba y se permite el decreto de medidas cautelares. Es decir, los inversionistas no solo tendrán que cumplir con la licencia ambiental y la consulta previa, sino que además deberán entregar toda la información que les soliciten, tienen que garantizar la participación de todo aquel que esté interesado en el proceso, pueden ser demandados por casi cualquier persona, ellos deberán probar en detalle que están cumpliendo con todos los requisitos y un juez puede detener el proyecto cuando quiera.
Sinceramente, nadie invierte en esas condiciones, dado que las empresas terminarán gastando más recursos en abogados que en su propia operación y, lo peor, sin saber en qué momento se detiene súbitamente el proyecto. No en vano Chile se rehusó este año a apoyar el Acuerdo y Brasil va por el mismo camino, mientras que en Colombia todos los gremios económicos han solicitado de manera unísona al Congreso que no se apruebe la iniciativa.
Lógicamente, las ONG defienden su implementación con vehemencia. Al fin y al cabo, de aprobarse tendrían la excusa perfecta para justificar sus abultados gastos y exigir más financiación a los fondos internacionales, así su labor implique dejar sin empleo a las miles de personas que contratan los proyectos de inversión en las regiones.
Ahora más que nunca el País necesita una inyección de recursos para reactivar la economía y generar empleos. Si bien es verdad la defensa del medio ambiente es un compromiso de todos, esto se debe lograr fortaleciendo los procesos internos y no ratificando un Acuerdo internacional que le cerrará las puertas a la inversión y que inexplicablemente ha tenido hasta ahora el apoyo del Gobierno.