Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
Nuestro departamento con 42 municipios, ocho de ellos, con más de 120 mil habitantes, es privilegiado por la riqueza y variedad topográfica de sus suelos; con un valle geográfico de fértiles tierras, montañas, ríos y mar ha hecho que a lo largo de la historia de nuestro país, ocupemos uno de los primeros lugares en los sectores agrícola, industrial, turístico, deportivo, artístico y cultural entre otros, logrando así aportar el 9.72% del PIB nacional a 2019 según el DANE.
Pero todo, ese potencial de riqueza y fuente de empleo, ha tenido un enemigo enquistado en nuestro país, especialmente desde la década de los 80; el narcotráfico, que hoy con toda su maquinaria de terror y sangre cubre nuestro país, estimulado por la permisividad del crecimiento en cultivos ilícitos por parte del anterior gobierno, especialmente en los departamentos de Cauca y Nariño, como consecuencia del acuerdo de paz con las FARC.
Las masacres y actos de barbarie, se repiten en diferentes departamentos y ciudades, pero, cómo nos duele, la situación de “Mi bello puerto del mar, mi Buenaventura”, donde sus habitantes, se encuentran sitiados por bandas criminales, GAO, ELN y disidencias de las FARC en alianza con carteles transnacionales de drogas.
La disputa, por las rutas de acceso al océano pacifico, a través, de los esteros para transportar droga, procedente de departamentos de Cauca y Nariño; el tráfico de armas, la minería ilegal, el contrabando, el micro tráfico, la lucha por las fronteras invisibles donde impera la extorsión a todo tipo de actividad, desde, el más humilde tendero hasta los más grandes empresarios, ha generado, el desplazamiento masivo de sus habitantes a ciudades como Cali, huyendo temerosos por sus vidas, perseguidos, por el fantasma de las famosas casas de “pique”. La solución inmediata, es fortalecer, la presencia de las autoridades, recuperar, la confianza en ellas por parte de sus habitantes para que denuncien y rechacen la extorsión, pero esto será, una medida temporal, puesto que los criminales, trasladaran sus centros de operación a otras poblaciones como: Tumaco u otros municipios del litoral pacífico.
Se requiere, una acción contundente del Estado, para combatir de raíz, el problema del narcotráfico en su cadena primaria; iniciar, cuanto antes, la destrucción de cultivos ilícitos, mediante la aspersión con glifosato; una acción en la que debemos rodear al gobierno y evitar caer, en el juego, de los falsos ambientalistas, porque indirectamente ellos mismos, son cómplices de este drama social, cada día que pasa, sin hacerlo, fortalece más a los violentos y aumenta, el drama de miles de familias.
El país, tiene, una deuda social de muchos años con Buenaventura, de nada les sirve a sus habitantes, ser, el principal puerto de nuestro país, movilizando el 42% del comercio exterior; generando, un recaudo aduanero, de más de $6.5 billones al año, si el 82% de sus pobladores, se encuentran en un estado de pobreza extrema, ubicándose así, el 41% en la miseria y donde las oportunidades laborales escasean.
La problemática social, está sobre diagnosticada y a pesar de buenas iniciativas, estas, han sucumbido por la negligencia y corrupción de sus gobernantes.
En octubre del año anterior, tuve la oportunidad de reunirme en compañía, de la bancada regional, del bloque parlamentario, con los líderes, del paro cívico de Buenaventura, donde mostraron su complacencia, por el cumplimiento y avances del gobierno, del presidente Iván Duque; en los compromisos adquiridos, donde se tiene, destinado un billón de pesos, para 97 obras para salud, vivienda, educación, agua e infraestructura; modernización y ampliación del aeropuerto.
Buenaventura merece un nuevo renacer, menos retórica y más acción, con la ejecución de grandes obras y proyectos como el dragado profundo del canal de acceso, la ruta Pacífico – Orinoquia; concluir la doble calzada, Buga -Buenaventura y la vía Mulaló-Loboguerrero, permitirán, que se asienten nuevas empresas, generando, fuentes de empleo formal, pero, para ello, paralelamente, se debe robustecer con calidad, los servicios públicos, el sistema educativo y de salud.
Buenaventura, debe ser la verdadera capital del Pacífico colombiano.
Cali, Jamundí, Buga, Tuluá y Cartago entre otros municipios, de nuestro departamento, no escapan, a esta ola de violencia, donde, el microtráfico y la extorsión, son los comunes denominadores; se requiere una acción articulada de sus alcaldes con la Gobernación y el Gobierno Nacional, para unificar estrategias en seguridad y desarrollo social.
No más discursos y consejos de seguridad intranscendentes, se requiere, una actitud firme y decidida, en la lucha frontal contra la delincuencia, apoyando, a nuestras Fuerzas Armadas, con recursos y logística, como reparando e instalando cámaras de seguridad, priorizando su uso a la vigilancia, para combatir la delincuencia, y no solo dedicadas a la persecución de infractores de tránsito.