Por: John Harold Suárez Vargas
Senador de la República
El Gobierno Nacional de manera acertada expidió el decreto 1009 de 2020 que propende por la racionalización del gasto público, adoptando una política de austeridad de cara a este momento, pues hoy todos los esfuerzos económicos y administrativos deben estar disponibles para la atención de la crisis derivada del COVID-19.
No obstante, este decreto no aplica para las entidades del nivel ejecutivo del orden territorial, dejando con ello las finanzas públicas territoriales sometidas al “buen juicio” de los mandatarios locales en la ejecución del gasto público. Esto es preocupante, pues en estos momentos la ciudadanía no demanda obras de cemento, ni inversiones públicas no esenciales, sino una buena prestación del servicio de salud, acceso a los recursos del Estado para aliviar en los hogares los efectos negativos de la crisis, y apoyo económico para todos los sectores productivos afectados, los cuales se encuentran a la espera de alguna solución por parte de gobernaciones y alcaldías.
Hoy la prioridad en materia del gasto público es de enfoque eminentemente social y debe alternarse con el fortalecimiento de programas en beneficio de las comunidades para la mitigación de los efectos negativos de la crisis en los sectores más vulnerables, en programas y proyectos de reactivación económica, en el mejoramiento de la infraestructura educativa virtual y en el fortalecimiento de la prestación del servicio de salud para la atención de la pandemia.
Respecto a la calidad de los de servicios de salud, encontramos algunos mandatarios locales (gobernadores y alcaldes) muy activos y propositivos en la atención de los pacientes infectados en sus territorios. Pero, al contrario, hay otros con actitud despreocupada, esperando “a ver qué llega” por parte del Gobierno Nacional, por eso, no usan los recursos de sus entidades para suplir la necesidad de nuevos hospitales alternos, ni comprar camas, ventiladores y otros elementos necesarios para la atención de pacientes infectados.
En tiempos de crisis, los municipios certificados en Colombia tienen el mayor de sus desafíos, deberían fungir como pequeñas capitales para servir en materia de salud a los municipios circunvecinos de menor categoría (4,5 y 6). Si bien es cierto, que no cuentan con los establecimientos de salud adecuados para la atención de pacientes contagiados, ni con los recursos físicos o económicos necesarios para construir “hospitales Covid-19”, existe una formula administrativa que les permitiría sortear esta dificultad:
Los municipios certificados pueden suscribir de forma articulada, convenios interadministrativos con los departamentos y municipios circunvecinos de menor categoría, con el fin de que en los entes territoriales certificados se establezcan hospitales alternos para la atención del COVID-19, en los que concurran recursos físicos y económicos de todos los municipios firmantes y del departamento, para así contratar recurso humano, adquirir ventiladores, camas, material de bioseguridad, y en general, todo lo necesario para dotar a estos centros hospitalarios de las herramientas que eviten el colapso de la red prestadora del servicio de salud.
Por último, reitero mi llamado a los mandatarios locales del país a que en este momento de crisis se olviden del cemento y concentren sus esfuerzos en asociarse con los municipios circunvecinos, para la prestación efectiva del servicio de salud con focalización al COVID-19. A su vez, al Gobierno Nacional le solicito que extienda los efectos del decreto 1009 de 2020 hasta las entidades del nivel ejecutivo del orden territorial, con el fin de que sus recursos sean destinados para la atención multidimensional de las necesidades que surgen en esta crisis.