Por: John Harold Suárez Vargas,
Senador de la República.
Este número para muchos no significa nada; pues bien, esta cifra corresponde al número de menores de edad reclutados por las FARC entre 1996 y 2016, según revela la JEP.
Niños desarraigados a la fuerza de sus hogares, sometidos a toda clase de vejámenes, castigos, torturas, abuso sexual, desapariciones y en muchos casos fusilados en sus llamados consejos de guerra.
Se confirman poco a poco las denuncias del fallecido periodista, Herbin Hoyos, y de entidades como la Corporación Rosa Blanca, sobre la abominable práctica sistemática de las FARC del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, negado por ellos en su real dimensión.
Es comprensible el dolor e indignación de las familias de estos niños al observar con impotencia a muchos de los verdugos de sus hijos pontificar desde el Congreso de la República sobre los derechos de los niños y su preocupación por la juventud, sin recibir al día de hoy ni verdad, ni justicia, ni reparación.
Es indignante la indiferencia de ciertos políticos, tan vehementes y activos en redes sociales y micrófonos ante otras situaciones de nuestro acontecer nacional, pero mudos ante la realidad de esta condenable practica y sus autores, de un delito que ha llevado dolor a miles de familias, destruyendo a nuestra niñez y juventud, por la cual dicen preocuparse.
Los colombianos deben mirar con lupa el actuar de estos políticos afines a la ideología de las FARC, algunos con aspiraciones presidenciales, quienes incluso celebraron con regocijo la excarcelación de sus miembros, como sucedió con alias Jesús Santrich.
Lo más preocupante es que la práctica del reclutamiento forzado continúa vigente hoy en día por parte del ELN y otros grupos narco terroristas, no solo en zonas rurales y apartadas de nuestro país, sino en las grandes ciudades, donde cientos de niños son reclutados para labores de microtráfico, redes de prostitución y terrorismo, como quedó evidenciado en los actos de vandalismo del paro nacional donde muchos menores de edad fueron usados para cometer acciones violentas.
Todos tenemos un grado de responsabilidad en esta problemática y no debemos ser indiferentes. Hay que tomar acciones al respecto, desde la condena social, hasta la colaboración con las autoridades denunciando a quienes lideran estas prácticas. También las alcaldías, en trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo, la Alta Consejería para los Derechos Humanos y la fuerza pública, deben adelantar campañas de prevención y de alerta temprana para proteger a nuestra niñez.
Es necesario que, para el próximo periodo del congreso 2022-2024, las curules que se le dieron a las FARC, por respeto a las víctimas, no sean ocupadas por miembros de ese grupo que se encuentren inmersos en este, ni en ningún tipo de delito.
Finalmente, la educación sin interrupciones minimiza la vulnerabilidad y exposición de los menores de edad ante los grupos al margen de la ley.