Por: Rafael Nieto Loaiza
En el 2018, hasta el pasado 4 de diciembre, 180 personas murieron o resultaron heridas por culpa de las minas en Colombia, según el informe anual ‘Monitor de Minas Antipersona 2018’. Un aumento de 300% en relación con el 2017, cuando hubo 56 víctimas.
 
Por otro lado, hasta abril de este año, los homicidios se habían incrementado en un 7.22%. Por primera vez en tres lustros, el número de asesinatos subió en nuestro país, después de una disminución sostenida, año tras año, desde el 2003.
Hay que esperar el consolidado de todo el 2018, pero no hay motivos para pensar que la tendencia haya cambiado.
Es decir, con la firma del acuerdo con las Farc la violencia no está disminuyendo sino, por el contrario, ha aumentado. La “paz” no nos ha traído menos muertes. ¿Por qué?
Uno, porque en realidad el conflicto armado sigue vivo. El Eln nunca se desmovilizó y tampoco lo hicieron los frentes de las Farc más vinculados con el narcotráfico, son cada vez más numerosos los desmovilizados que vuelven a las actividades delictivas, y las organizaciones criminales “comunes” son cada vez más fuertes.
Dos, porque han disminuido las operaciones de la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales y las que se realizan son menos contundentes.
Tres, porque el Estado no consiguió controlar las áreas que abandonaron las estructuras de las Farc que sí se desmovilizaron: la presencia militar es débil y la del resto de la estructura del Estado, cuando la hay, claramente insuficiente.
Cuarto, porque la coca, en lugar de disminuir, se disparó con ocasión de los acuerdos con la guerrilla. Esos acuerdos contemplan una decena de incentivos perversos para el narcotráfico.
Quinto, porque la Corte Constitucional, en una decisión claramente política y arbitraria, ordenó suspender el uso de glifosato para la erradicación de narcocultivos, decisión que ha hecho sumamente difícil y aún más costosa, en vidas y en dinero, la erradicación.
El narcotráfico es el más feroz enemigo. Para combatirlo y retornar a la senda de la disminución de la violencia, se requiere una política integral de Estado.
Iván Duque ha formulado una en la dirección correcta. Tiene el desafío descomunal de ejecutarla.