Por: Thania Vega de Plazas
La Justicia Especial para la Paz no resultó nada distinto a un sainete que reúne la corrupción y las mentiras de una entidad que nació producto de la idea de los terroristas de las FARC y el gobierno Santos, que se apoyaron en unas personas de la izquierda internacional como Álvaro Gil Robles de España, Diego García Sayán del Perú y Juan Méndez de la Argentina que como característica tenían que los tres habían dedicado sus vidas a perseguir a miembros de las Fuerzas Militares de sus países y a defender a terroristas de ETA, Sendero Luminoso y a los Montoneros respectivamente.
Ahora no nos sorprende que empiecen a estallar escándalos de corrupción en la llamada “JEP” que solamente el año pasado se gastó cerca de 4,7 millones de dólares para su funcionamiento, y lo peor a la fecha no tiene computadores, teléfonos, telecomunicaciones ni demás elementos esenciales para funcionar como cualquier entidad.
Como secretario ejecutivo se nombró el año pasado al señor Néstor Raúl Correa quien según reportes de prensa ya había sido investigado por la Comisión de Acusaciones hace unos años, cuando era magistrado de la sala administrativa en el Consejo Superior de la Judicatura, por la supuesta desviación de 1.365 millones de pesos, asunto que se archivó con el correr de los días.
Pero el fantasma de la corrupción apareció esta semana por acusaciones de Néstor Raúl Correa en contra de Patricia Linares, presidenta de ese organismo, donde señaló a la funcionaria de organizar un grupo con 9 magistrados para quitarle sus funciones y poder tomar decisiones burocráticas dentro de la JEP.
Correa en su denuncia dijo que los interesados en quedarse con la contratación de personal entre otras cosas eran: Danilo Rojas, Catalina Díaz, Caterina Heyck, Rodolfo Arango, Iván González, Alejandro Ramelli, Eduardo Cifuentes y Yesid Reyes.
A lo que respondió la señora Patricia Linares con otras graves acusaciones en contra de Néstor Raúl Correa, como la de haber obtenido información privada de correos electrónicos que se habían cruzado con el Ministro de Justicia Enrique Gil Botero.
Le recordó la señora Linares a Correa que salió de la JEP en medio de cuestionamientos por parte de la Contraloría que le pidió cuentas claras sobre la inversión de 4,7 millones de dólares, que ella dice no se ven reflejados en la instalación de todo lo necesario para que ese tribunal funcione.
Qué tal la excusa que ahora tienen desde la JEP para trabajar, una institución que jamás se debieron inventar y que termina por suplantar a la justicia ordinaria, otorgando benéficos jurídicos a los terroristas de las FARC y convirtiéndose en un fortín burocrático y de corrupción.
El caso es que por ahora los magistrados siguen recibiendo su sueldo, pero no pueden trabajar por cuenta de que no hay mobiliario ni papel, ni impresoras o computadores.
La JEP es otro de esos inventos de los comunistas-terroristas de las FARC, que como todo lo que tocan se corrompe.
Nota: Como lo advertimos Iván Márquez no se fue de Bogotá para el Caquetá porque quisiera exigir que liberen a su narco-compañero alias Jesús Santrich; sino porque como lo revela The Wall Street Journal, Márquez está mencionado en las investigaciones de la DEA con negocios de narcotráfico con un capo mexicano.