Nicolás Pérez
Senador de la República
Bogotá está capturada por la delincuencia. Volvieron los casos de sicariato, hay hurtos por doquier y el miedo se ha apoderado de la ciudad. Lejos de ser un tema de percepción, la situación es crítica y no distingue entre barrios ni localidades. Estas son las cuatro principales causas de la inseguridad que se vive en la ciudad.
En primer lugar, los cálculos políticos de la Alcaldesa generaron una evidente fractura entre el Distrito y la Policía que minaron por completo la confianza de una tropa que lejos de encontrar respaldo en su Jefe directo, es víctima de señalamientos, desconfianza y un linchamiento moral constante en los medios de comunicación.
En efecto, cada vez que hay protestas López critica el uso de la fuerza por parte de los uniformados, desautoriza las intervenciones del Esmad para retomar el control del orden público y señala a los policías en los medios de comunicación de incurrir en abusos de autoridad sin respetar el debido proceso. Además, a raíz de los desmanes en septiembre del año pasado la burgomaestre propuso reformar la institución para que pasara a ser un organismo civil sin formación, operación ni fuero penal militar.
Esto, en otras palabras, implica despojar a la Policía, por un lado, de la estructura funcional que le permite combatir efectivamente a las organizaciones criminales y, por otro lado, de la única garantía procesal que les queda a los uniformados: ser juzgados por su juez natural, de la misma manera que al Presidente solo lo puede investigar la Comisión de Acusaciones o a los Congresistas la Corte Suprema de Justicia.
Dichas declaraciones, cabe resaltar, no son fortuitas ni aleatorias, sino milimétricamente pensadas para desacreditar la gestión del Gobierno Nacional frente a las manifestaciones e impulsar los discursos alternativos de cara al 2022. El problema, es que a la Alcaldesa le está sucediendo lo mismo que le pasó a Petro: son buenos parlamentarios para ejercer oposición y criticar, pero malos administradores. Su espacio natural es el Legislativo y no el Ejecutivo.
En segundo lugar, el presupuesto que el Distrito le asignó a seguridad dentro del Plan Plurianual de Inversiones es mínimo, a tal punto que de los $109 billones que la administración López pretende gastar en estos cuatro años, tan solo el 1.6%, $1.8 billones, se invertirán para combatir la delincuencia, mientras que, en contraste, el componente de cultura tiene asignados $500.000 millones más para un total de $2.2 billones.
Para poner esta cifra en contexto, en el Plan de Desarrollo del Gobierno Nacional que aprobamos en el Congreso por $1.096 billones se destinaron el 8.7% de los recursos, $96.2 billones, al sector defensa. Una diferencia porcentual de 7.1 puntos.
Con estas condiciones es prácticamente imposible que la inseguridad en Bogotá disminuya. Una ciudad con 7.2 millones de habitantes y un presupuesto anual de $23.9 billones, el más alto de todas las Alcaldías y Gobernaciones, no puede tener una asignación tan escasa en este rubro.
En tercer lugar, Bogotá tiene el déficit de policías más alto del País. De acuerdo a la ONU, es deseable que haya 300 uniformados por cada 100.000 habitantes y en la capital solamente hay 184, lo que implica que la ciudad debería tener 9.000 efectivos más para cumplir con ese indicador.
Sin embargo, a pesar de lo apremiante de la situación no se ven soluciones concretas por parte del Distrito, como lo podrían ser, entre otras, establecer frentes de seguridad en los barrios, vincular a la reserva activa y la vigilancia privada en labores de seguridad y trabajar coordinadamente con el Gobierno para militarizar las zonas más críticas de la ciudad.
En cuarto lugar, es evidente la falta de liderazgo que en materia de seguridad tiene Bogotá. Claudia López está lejos de actuar como la primera policía de la ciudad y desafortunadamente la capital terminó siendo utilizada, una vez más, como un trampolín político de cara a la Presidencia, sin que haya un compromiso real con sus ciudadanos.
De hecho, con tal de revertir la estrepitosa caída en las encuestas López enfoca sus esfuerzos en cazar peleas con la Casa de Nariño. Si no son las vacunas es la agenda legislativa del Gobierno o la situación de los migrantes. No obstante, la gente está cansada de tanta confrontación innecesaria y desde hace rato le exigen resultados que no se ven a una Alcaldesa que dejó de pensar en Bogotá para vivir obsesionada con el Centro Democrático.
La situación es crítica y se deben tomar acciones urgentes ante el desdén del Distrito, dentro de las cuales el Gobierno Nacional no debe descartar la posibilidad de asumir el manejo de la seguridad en Bogotá con base en las competencias que en materia de orden público la Constitución le otorga al primer mandatario.
Si a Claudia López le quedó grande combatir la delincuencia en la ciudad, que sean el Presidente Duque y el Ministro de Defensa los encargados de devolverle la tranquilidad a los bogotanos.
