La inclinación erótica de los miembros de las Farc hacia los niños, es absoluta e inocultable. Difícilmente, puede encontrarse un frente o cuadrilla de ese grupo terrorista en el que no se registren casos de abusos sexuales contra menores.
Hace pocos días, se conoció el estremecedor testimonio de Yudi Tovar, una integrante de la corporación Rosa Blanca, ONG integrada por valientes mujeres que siendo niñas fueron reclutadas y abusadas sexualmente por las Farc.
Yudi entregó detalles de la forma como, en el año 2005, un escuadrón terrorista la secuestró cuando salía del colegio.
Desde el mismo día en que fue llevada al campamento de alias “Jerónimo”, fue convertida en una esclava sexual. En dicho campamento, se encontraba la ahora “senadora” de las Farc, alias “Victoria Sandino”.
La desesperada Yudi, acudió a ella buscando protección. Cuenta que “Sandino” se limitó a responderle que “mujer, aquí vinimos a eso. Usted tiene que cumplir con su deber para que no le pase algo peor…”.
¿Acaso hay algo peor que la esclavitud sexual? Se trata de un crimen de tan alto impacto que es, nunca puede olvidarse, el único por el que la Corte Penal Internacional ha impuesto severas condenas contra criminales de guerra como Thomas Lubanga o Charles Taylor.
Las Farc desde siempre han tenido claridad respecto de que por ese delito, cometido de forma generalizada y sistemática en todos los niveles de su estructura delincuencial, tarde o temprano responderán ante la justicia internacional, habida cuenta de que el Estado colombiano, gracias a la generosidad – y, por qué no decirlo, complicidad- del gobierno de Juan Manuel Santos, no quiso ni investigar ni sancionar a los responsables.
El proceso de La Habana fue, en la práctica, una operación en la que se planificó detalladamente la manera para tapar los crímenes perpetrados en contra de los niños de nuestro país.
El de los menores reclutados a la fuerza, no fue como en su momento lo dijo el expresidente Cesar Gaviria en medio de carcajadas, un asunto que se les hubiera “olvidado”.
El supuesto desmonte de las Farc, que por supuesto no incluyó la desvinculación total de los menores que tenían esclavizados, no acabó con el escalofriante fenómeno del reclutamiento de menores. Las tales disidencias y otras estructuras armadas ilegales, siguen nutriendo sus filas con niños. Este crimen, continúa siendo una verdadera e insoportable tragedia que padece nuestra sociedad, razón por la que, desde todos los ámbitos, debemos aportarle al fortalecimiento de las medidas preventivas y punitivas a que haya lugar.
Las cifras son extremadamente preocupantes. Los mapas de riesgo, coinciden con las regiones del país en las que hay mayor presencia de cultivos ilícitos y donde se registran actividades de minería ilegal.
De acuerdo con las estadísticas, el departamento de Antioquia, uno de los que más casos de reclutamiento forzado ha presentado a lo largo de los años, ha puesto en marcha programas muy efectivos de prevención, a través de alertas tempranas y de cooperación con la Fuerza Pública.
Se han estrechado los lazos entre autoridades civiles, militares, judiciales y de policía, para trazar líneas de trabajo que han resultado eficaces. En 39 municipios del departamento, se han implementado procesos de formación y entrenamiento, programas que han impactado directamente a 5500 menores, padres de familia, profesores y, por supuesto, integrantes de la Fuerza Pública. El resultado de estas iniciativas ha sido maravilloso, pues hoy por hoy, el departamento donde más ha disminuido el reclutamiento es, precisamente, Antioquia.
Es mucho lo que falta por hacer, pero lo importante es continuar generando conciencia de la gravedad de este crimen que implementaron las Farc y que tanto daño le ha causado y le sigue causando a nuestra sociedad. Porque además de ser un cartel del narcotráfico, esa organización terrorista es una banda de pederastas disfrazados de revolucionarios.